¿Quieres jubilarte a los 52 años? ¿Eres taxista, camionero o bombero? Comienza la cuenta atrás

Es un momento crucial que estaban esperando miles de trabajadores en cuya situación concurre esa clase de circunstancias porque abre la puerta a solicitar una jubilación anticipada y sin recortes, incluso a los 52 años; es decir, 15 años antes de lo que va a ser obligatorio ya en 2027: el retiro a los 67. No obstante, por delante hay un largo camino lleno de obstáculos y, previsiblemente, serán pocos los que lo logren, puesto que el sistema avanza no hacia el adelanto, sino hacia el retraso de la jubilación, algo que ya se está consiguiendo y la edad efectiva supera ya los 65 años. Lo precisa muy bien Lucía Palacios, periodista de Colpisa y una autorizada experta en las cuestiones relativas a la jubilación, quien recuerda en la newsletter que remite a través de los diarios del grupo de comunicación Vocento (entre ellos, LAS PROVINCIAS), cómo hay por delante «un largo camino lleno de obstáculos y, previsiblemente, serán pocos los que lo logren, puesto que el sistema avanza no hacia el adelanto, sino hacia el retraso de la jubilación, algo que ya se está consiguiendo y la edad efectiva supera ya los 65 años».

¿De qué colectivos estamos hablando? Palacios cita por ejemplo a camioneros, taxistas y transportistas profesionales en general; albañiles y otros duros oficios de la construcción, camareras de piso (más conocidas como 'kellys'); tripulantes de vuelo («Se sienten discriminados respecto a sus compañeros pilotos», señala); cuidadores de personas dependientes; personal sanitario; policías y guardias civiles; bomberos y agentes forestales; buceadores… «Son, en realidad, cualquier profesión que considere que puede estar sometida a una situación de riesgo, peligrosidad, penosidad o expuesta a algún tipo de insalubridad por sustancias químicas y tóxicas que le impida poder realizar su oficio hasta la edad legal de jubilación», añade.

En realidad, de esta prerrogativa ya disfrutan en la actualidad diez grupos de profesionales: pilotos, mineros, bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, ferroviarios, artistas, toreros, policías municipales y forales de Navarra, mossos d'Escuadra y ertzainas. La intención del Gobierno, «con varios meses de retraso y casi un año después de pactarlo con los agentes sociales», es trasladar este privilegio a otros colectivos, luego de un prolijo proceso parlamentario: a finales de mayo aprobó por fin el reglamento para determinar los supuestos en los que procede permitir ese anticipo de la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores. «Sin embargo, la nueva ley deja claro que adelantar el retiro será la última opción, algo –digamos- excepcional, siempre y cuando no exista posibilidad de adecuar el puesto de trabajo y mejorar sus condiciones, por lo que todo apunta a que su alcance terminará siendo muy limitado». afirma Lucía Palacios.

Porque hasta alcanzarlo habrá que seguir un tortuoso, largo y complejo trámite burocrático que previsiblemente impedirá a estas profesiones que lo están reclamando obtenerlo –y en el mejor de los casos- antes de que termine el año. Para ello, en primer lugar los sindicatos y la patronal tendrán que solicitar conjuntamente -algo que puede resultar complicado en muchos casos- a la dirección general de ordenación de la Seguridad Social la aplicación de estos coeficientes especiales para un colectivo en concreto. La Seguridad Social se encargará de elaborar un informe de morbilidad y mortalidad de este oficio, acompañado de los que también elaborarán la Inspección y el Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo, y los remitirá a la comisión de evaluación, que será la que estudiará estos informes y decidirá si da luz verde o rechaza la petición.

Pero antes el Ministerio tiene que formar esa comisión y para ello tiene un plazo de cuatro meses. Y una vez se forme y le remitan las solicitudes, tendrá a su vez seis meses para evaluar cada petición. Y esto, recuerden, si no se pueden modificar las condiciones de trabajo para hacer el puesto más seguro y si se cumple una compleja fórmula objetiva basada en la incidencia, persistencia y duración de los procesos de incapacidad temporal, las declaraciones de incapacidad permanente y los fallecimientos.

Es decir, que como advierte Palacios con fina ironía, este proceso «recuerda a esas reclamaciones que uno tiene que hacer para pedir la devolución de un recibo o una indemnización por el retraso de un vuelo o cancelación, que de tanta burocracia, lentitud y espera, uno se aburre y, cuando se da cuenta, ya se ha pasado el plazo». O, en este caso, ha cumplido los 67 y se puede jubilar.